Tu despacho de abogados de confianza en Murcia

647273610

info@victormartinezabogado.com

Murcia

C/ San Bartolomé, 2. 1º A
(Paralela a C/ Platería)

Blog Derecho 2.0

‘Drones y protección de Datos’, nueva guía de la AEPD

La Agencia Española de Protección de Datos ha editado una guía que analiza la casuística del vuelo de drones cuando es susceptible de captar datos personales.

Dice la AEPD: Teniendo en cuenta la definición de dato personal como “toda información sobre una persona física identificada o identificable”, los operadores de drones que registren y/o procesen imágenes, videos, sonido, datos biométricos, datos de geolocalización, datos de telecomunicaciones relacionados con una persona identificada o identificable están sujetos a la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPDGDD).

Hay que tener en cuenta que en ocasiones un dato puede identificar directamente a una persona como, por ejemplo, su fotografía, pero en otras ocasiones la identificación no es directa y requiere de un tratamiento adicional, como puede ser información de geolocalización, o mediante el enriquecimiento con información adicional de otras fuentes como, por ejemplo, internet, y aunque a priori la persona no fuera identificable el resultado final sería que la identificación es posible gracias al cruce de informaciones de distintas fuentes. Tanto si el dato recogido mediante drones identifica inequívocamente a una persona como si su identificación se pueda realizar a posteriori, la normativa de protección de datos es aplicable.

Descargar guía.

Reclamar las cantidades aportadas a una promotora en quiebra

Sabadell CAM, Bankia y Bankinter, condenadas a pagar más de 300.000 euros por la quiebra de Monte Puchol S.L.

17 familias británicas llevan viviendo un pequeño infierno legal desde que en 2001 planearon comprarse una casa en España. Monte Puchol S.L. proyectó un residencial en la Marina Alta, en Llíber y en pedanías cercanas. Sin embargo la constructora fue a la quiebra sin haber contratado el preceptivo seguro para garantizar la devolución del dinero si no entregaba las viviendas construidas. Los afectados perdieron así el dinero que habían depositado hasta entonces en la cuenta bancaria de la constructora, que, según están avalando los tribunales, se saltó la ley.

Aquí entra uno de los bufetes partner de este despacho, Legal Action Asociados, un despacho dirigido por el letrado José Antonio Martín Rodríguez con el que habitualmente colaboramos en Víctor Martínez Abogado como especialista en urbanismo. José Antonio ha encontrado la vía para que se haga justicia con estas familias: de tal forma que será el banco el que tenga que responder por las cantidades que los afectados perdieron. Y según los cálculos del bufete, el perjuicio económico superaría los tres millones.

La normativa vigente exige a la constructora la contratación de un seguro o aval bancario que garantice la devolución de las entregas de dinero en caso de que la compañía no llegase a entregar las viviendas en los plazos establecidos en el contrato. Monte Puchol S. L. no lo contrató y, por tanto, los tribunales entienden que las entidades bancarias son las últimas responsables, ya que son los bancos los que tienen la obligación de vigilar el cumplimento de la ley.

De momento Legal Action tiene ya más de siete sentencias favorables ganadas en primera instancia, más tres sentencias ya firmes donde se condena a Sabadell CAM, Bankia y a Bankinter a abonar a los afectados con cerca de 300.000 euros.

En un caso similar, José Antonio Martín ya había ganado también en Murcia a HCC Europe, a la que se le condenó en firme a devolver el dinero a cooperativistas de la urbanización Parque Príncipe en Murcia.

La noticia completa en el diario El Mundo está en este enlace.

Y en inglés en Costa-News en este otro enlace.

¿Estás en una situación similar? No dudes en contactar con Legal Action Asociados, puedes hacerlo a través del teléfono +34 667863411 o a través de esta misma página de Víctor Martínez Abogado si fuera preciso.

Pia Antello y José Antonio Martín, de Legal Action, junto a dos propietarios que han recuperado su dinero

Ultima ratio

Cosas de derecho que deberían enseñarse en las escuelas:

En un estado de Derecho existe un principio llamado de ultima ratio penal o principio de intervención mínima del derecho penal.

Copio y pego de una guía jurídica de acceso libre en Internet:

“En primer lugar, implica que las sanciones penales se han de limitar al círculo de lo indispensable, en beneficio de otras sanciones o incluso de la tolerancia de los ilícitos más leves; y en segundo lugar, implica que debe utilizarse solamente cuando no haya más remedio, es decir, tras el fracaso de cualquier otro modo de protección”.

Guías jurídicas Wolters Kluwer

A lo que yo añado que esta tendencia que a veces se ve de querer convertirlo todo en delito es profundamente antidemocrática, y señal del fracaso en todas las otras áreas que podrían atajar cualquier conducta ilícita.

Solicitar la devolución del IRPF de maternidad o paternidad

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre del 2018 establece que las prestaciones recibidas por una madre o un padre durante la baja disfrutada por el nacimiento de sus hijos deben estar “exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)”.

¿A quiénes afecta? A todas aquellas personas que han percibido prestaciones de maternidad o paternidad desde el 2014 al 2017. Las anteriores ya han prescrito. Las correspondientes a 2014 y 2015 se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre de 2018. Las correspondientes a 2016 y 2017, del 1 al 31 de enero de 2019. Por otra parte, las de 2018 se devolverán directamente en la renta de 2018.

En el despacho Víctor Martínez Abogado te informamos y te ayudamos a gestionar esta devolución de forma fácil y sencilla. ¡Pídenos información!

Extinción del derecho de uso de la vivienda familiar con nueva pareja del cónyuge custodio

Hace unos días alcanzó bastante repercusión mediática la sentencia 641/2018 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Se trata de recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia dictada con fecha 15 de enero de 2018 por la sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, en los autos de juicio nº 270/2016 del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Valladolid, sobre modificación de medidas.

En ella se entiende que el beneficiario del uso de la vivienda es la familia originaria, que se establece en ella con vocación de permanencia. Una nueva relación de pareja tiene por tanto influencia en la pensión compensatoria, en el derecho a permanecer en la casa familiar e incluso en el interés de los hijos, desde el momento en que introduce elementos de valoración distintos de los que se tuvieron en cuenta inicialmente.

Ese amparo no se extiende a la nueva familia que surge con la introducción de un tercero como pareja estable. Se produce un cambio en el estatus del domicilio familiar, cuyo carácter como tal ha desaparecido. En el presente caso, este carácter ha desaparecido, no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero. La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza «por servir en su uso a una familia distinta y diferente». Leer Más

Entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos 2018

2018 ha sido un año muy movido en lo que a Protección de Datos se refiere. En mayo acababa la moratoria en la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), en vigor desde mayo de 2016, convirtiéndose en norma de obligado cumplimiento sin que al legislador español le hubiese dado tiempo a promulgar una norma autóctona que incorporara la nueva normativa. Sin embargo unos meses después se ha aprobado la nueva ley, no exenta de polémica, pero con un amplio respaldo del arco parlamentario (93%).

 

Haz clic para leer y descargar la nueva LOPD 2018

Algunas novedades de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, destacadas por la propia Agencia Española de Protección de Datos:

1.- La Ley facilita que los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos al exigir, en particular, que los medios para hacerlo sean fácilmente accesibles. Además, se regula el modo en que debe informarse a las personas acerca del tratamiento de sus datos optándose, específicamente en el ámbito de internet, por un sistema de información por capas que permita al ciudadano conocer de forma clara y sencilla los aspectos más importantes del tratamiento, pudiendo acceder a los restantes a través de un enlace directo.

2.- Se reconoce específicamente el derecho de acceso y, en su caso, de rectificación o supresión por parte de quienes tuvieran vinculación con personas fallecidas por razones familiares o de hecho y a sus herederos. La medida limita el ejercicio de estos derechos cuando el fallecido lo hubiera prohibido.

3.- La Ley fija en 14 años la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento de manera autónoma. También se regula expresamente el derecho a solicitar la supresión de los datos facilitados a redes sociales u otros servicios de la sociedad de la información por el propio menor o por terceros durante su minoría de edad.

4.- El texto regula el derecho al olvido en redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. Se exceptúa la supresión cuando los datos hubieran sido facilitados por terceros en el ejercicio de actividades personales o domésticas.

5.- La ley refuerza las garantías del derecho a la intimidad en relación con el uso de dispositivos digitales puestos a disposición de los empleados, complementando la regulación del derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, de los que deberán ser informados.

6.- Nueva regulación de los sistemas de información crediticia (los conocidos como ficheros de morosos), que reduce de 6 a 5 años el periodo máximo de inclusión de las deudas y en los que se exige una cuantía mínima de 50 euros para la incorporación de las deudas a dichos sistemas. Con la anterior Ley, no existía una cantidad mínima.

7.- Se modifica también la Ley de competencia desleal, regulando como prácticas agresivas las que tratan de suplantar la identidad de la Agencia o sus funciones y las relacionadas con el asesoramiento conocido como ‘adaptación a coste cero’ a fin de limitar asesoramientos de ínfima calidad a las empresas.

Retraso o cancelación de vuelo en avión: ¿Qué derechos tengo?

Con el auge del turismo de larga distancia y la proliferación de vuelos de bajo coste, también se multiplican los casos de retrasos y cancelaciones que causan severas molestias y un perjuicio clarísimo al consumidor. Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre, una huelga de personal de cabina de RYANAIR en varios países dejó a un montón de pasajeros en tierra. La compañía se niega a indemnizar a los usuarios alegando causas extraordinarias, pero la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha fallado que una huelga de personal interno no tiene carácter extraordinario ni fuera del control de la empresa, como sí ocurre en caso de huelga de controladores aéreos o personal de aeropuerto.

La Unión Europea es consciente de que las denegaciones de embarque y las cancelaciones o los grandes retrasos de los vuelos ocasionan graves trastornos y molestias a los pasajeros, por un lado, y de que el número de pasajeros a los que se deniega el embarque contra su voluntad sigue siendo demasiado alto, al igual que el de los afectados por cancelaciones sin aviso previo y el de los afectados por los largos retrasos.
Por todo ello hace ya casi quince años entró en vigor el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. De paso se derogaba el anterior Reglamento (CEE) nº 295/91, que se había mostrado insuficiente.

Leer Más

Sentencia ganada contra Master Distancia Formación (Master D)

Si hace un tiempo hablamos de la sentencia ganada contra CEAC – Planeta De Agostini Formación, en esta ocasión en el ámbito del Derecho del Consumo nos han notificado recientemente la victoria en otro juicio, esta vez contra Master Distancia, S. A. (Master D).

Mi cliente contrató en 2009 un curso de preparación de oposiciones de celador en el que se le prometieron varias cosas: 1) Que el curso era totalmente presencial, con clases tutorizadas. 2) Que podría darse de baja cuando quisiera simplemente comunicándoselo a la academia.

Pues bien cuando recibió los materiales y empezó a estudiar la materia, se encontró con que las tutorías eran online (sin que los tutores aparecieran por ninguna parte ni le contestaran las consultas) y que lo único que se hacía en la academia era la cumplimentación de tests “tipo autoescuela” sin que el personal del centro supiera siquiera responderle en qué había fallado en cada prueba.

Lógicamente descontento, procedió a solicitar su baja. Momento en el cual empezaron a darle largas, que le diera otra oportunidad al curso (asistió un par de días más), que el proceso de baja era lento y burocrático pero que no se preocupara, etc. hasta que unas semanas después, ante la falta total de respuesta por parte de la empresa, mi cliente dejó de ir definitivamente y poco tiempo después dio órdenes al banco para que no abonaran más recibos girados por Master D. Leer Más

IV Jornadas de Derecho de Familia en Murcia

Los pasados 20 y 21 de septiembre han tenido lugar en Murcia las IV Jornadas de Derecho de Familia en Murcia, organizadas por la Sección de Familia del Colegio de Abogados de Murcia y la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Como miembro de ambas no podía faltar a la cita y lo cierto es que como en todas las actividades que organiza la sección de Familia del ICAMUR ha resultado una experiencia interesante, relevante y muy práctica. Interesante pues los ponentes invitados han sabido mantener la atención del auditorio con el tratamiento de sus respectivos temas. Relevante porque las ponencias trataban asuntos muy importantes tanto en el ejercicio cotidiano de la abogacía en este ámbito, como en la relación de los abogados con el juzgado y las audiencias. Y muy práctica en tanto se dieron ideas, estrategias y herramientas que los abogados podemos y debemos tener en consideración en nuestros casos.

Así en la tarde del jueves D. Carlos Moreno Millán y D. Francisco Carrillo Vinader, Magistrados de la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia nos pusieron al día sobre la última jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Murcia sobre alimentos, custodia compartida, exploración del menor y gabinete psicosocial, uso del domicilio o pensión compensatoria.

Después D. Joaquim Bayo Delgado, Abogado y Ex Magistrado de la Audiencia de Barcelona explicó, en una charla sumamente interesante y que centró los principios de actuación en Derecho Internacional Privado en esta materia, como es la ejecución de las sentencias extranjeras de derecho de familia en España y las españolas en el extranjero.

Ya el viernes 21 el segundo día de jornadas se abrió con la ponencia de D. Juan Pablo González del Pozo, Magistrado-Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 24 de Familia de Madrid, que explicó la problemática en torno a la adopción de medidas de los arts. 156 y 158 del Código Civil. A la que siguió la charla de D. Javier Pérez Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia Nº 7 de Córdoba, sobre la modificación y extinción de la pensión compensatoria.

La tarde del viernes se cerró con la ponencia de D. Agustín Pardillo Hernández, Magistrado y Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Área Civil), sobre Requisitos para la interposición del recurso de casación en materia de derecho de familia según los criterios del Tribunal Supremo de 2017. En definitiva, ¿cómo interponer un recurso de casación? Ese recurso tan complicado y esquivo, del que sólo se admite a trámite un 8 ó un 9% de las solicitudes.

Finalmente y como colofón de las jornadas, un Foro Abierto durante un par de horas en el que asistentes y ponentes trataron, a modo de coloquio, las distintas dudas que sobre estos temas planteaban los letrados.

En definitiva un lujo y una cita formativa y de aprendizaje a la que abogados de familia y miembros de la Asociación Española de Abogados de Familia no podíamos faltar.


Víctor Martínez

Asociación Española de Abogados de Familia. Socio nº 2426

Ley 7/2018, de Parejas de Hecho de la Región de Murcia

El 6 de agosto de 2018 entró en vigor la Ley 7/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A través de esta norma, la región se incorpora al grupo de comunidades autónomas que cuentan con regulación en la materia. En su preámbulo, la ley se ampara en la necesidad de adaptación a las nuevas realidades sociales y a la unión en pareja como generadora de derechos, así como en la necesaria “protección social, económica y jurídica de la familia” que dimana del art. 39 de la Constitución Española.

Es un texto breve, del que caben resaltar los siguientes aspectos esenciales:

  1. La ley extiende su ámbito de aplicación a la situación creada por la convivencia libre, pública y notoria de dos personas, con independencia de su orientación sexual (art. 2, Principio de no discriminación).
  2. Esta situación de hecho se combina con la eventual inscripción de dicha unión en un registro público.
  3. Los miembros de la pareja deben haber expresado, de modo fehaciente, su voluntad de constituirse como pareja de hecho (art. 1).
  4. Al menos uno de los miembros de la pareja debe estar empadronado y tener residencia legal en la Región de Murcia.
  5. ¿Cómo se puede acreditar la condición de pareja de hecho?
    1. Por inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Región de Murcia, de nueva creación.
    2. Mediante escritura pública otorgada conjuntamente por ambos miembros.
    3. Por cualquier medio de prueba admisible en derecho (empadronamiento en el mismo domicilio fiscal, cartilla de la Seguridad Social).
  6. Extinción de la pareja de hecho (si hay registro, debería hacerse constar en el registro):
    1. Por mutuo acuerdo.
    2. Por decisión unilateral de uno de los miembros notificada al otro.
    3. Por separación de hecho de más de seis meses.
    4. Por contraer matrimonio uno de los miembros de la pareja.
  7. Derechos que otorga: los mismos derechos que los matrimonios civiles a efectos de servicios y prestaciones sociales, subvenciones y tributos propios y beneficios fiscales atribuidos a los cónyuges por la legislación autonómica.

¿Qué hace falta para poder inscribirse como pareja de hecho?

  1. DNI o pasaporte de ambos.
  2. Certificado de empadronamiento en un municipio de la Región de Murcia de al menos uno de los miembros de la pareja.
  3. Certificado del Registro Civil acreditando el estado civil de cada uno de los solicitantes.

Los datos podrán cederse a otras administraciones con competencias en la materia para evitar la doble inscripción.

Descargar: Ley 7/2018 de Parejas de Hecho de la Región de Murcia – PDF

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies