Una campaña para descubrir lo que ya éramos

Después de trece años de despacho, este verano decidimos detenernos a pensar no tanto en qué hacemos, sino en cómo lo hacemos. El resultado ha sido una nueva manera de contar Víctor Martínez Abogado. Aunque quizá sea más exacto decir que hemos encontrado las palabras —y las imágenes, y hasta las canciones— para contar algo que ya estaba ahí.

Esta fue la primera pieza que hicimos este verano.

UnCommodity. Pensar más allá del formulario.

Entonces nos gustó la idea.

Ahora sabemos mucho mejor por qué.

Trece años después

Víctor Martínez Abogado nació en 2013.

Trece años dan para llevar muchos asuntos, conocer a muchas personas y comprobar que casi nunca los problemas reales llegan tan ordenados como aparecen en los formularios.

También dan para cambiar.

Ha cambiado el Derecho. Ha cambiado la tecnología. Han aparecido formas de contratar, de comunicarnos y de relacionarnos que hace trece años apenas existían. Y la inteligencia artificial empieza ahora a plantearnos preguntas jurídicas que hace muy poco tiempo ni siquiera sabíamos que tendríamos que formular.

El despacho también ha cambiado.

Este verano decidimos detenernos un momento y mirar hacia atrás.

No para preguntarnos qué queríamos ser durante los próximos trece años, sino algo aparentemente más sencillo:

¿Cómo estamos trabajando realmente?

La respuesta acabó siendo bastante más interesante de lo que esperábamos.

No necesitábamos inventarnos una identidad

Podríamos llamarlo rebranding.

Hay un nuevo logotipo. Hay una nueva identidad visual. Han aparecido tres letras —VMA— que sintetizan Víctor Martínez Abogado. Hemos reformulado buena parte de nuestra web. Y durante varias semanas hemos publicado una serie de piezas gráficas con un lenguaje deliberadamente distinto del habitual en la comunicación jurídica.

Pero, visto ahora, el proceso fue casi el contrario de un rebranding convencional.

No decidimos primero qué queríamos parecer para construir después una imagen que lo transmitiera.

Intentamos averiguar qué éramos ya.

Miramos cómo estábamos abordando asuntos de familia, discapacidad, propiedad intelectual, protección de datos o reclamaciones frente a determinados modelos de formación online. Miramos también hacia los nuevos problemas relacionados con la tecnología y la inteligencia artificial.

Ámbitos jurídicos muy distintos.

Y, sin embargo, aparecía una manera bastante reconocible de enfrentarnos a todos ellos.

Quizá la campaña no estaba construyendo una identidad.

Estaba haciéndola visible.

No default answer

Una de las primeras ideas que apareció fue esta:

NO DEFAULT ANSWER.

No hay una respuesta por defecto.

Puede parecer una obviedad. Para nosotros terminó siendo algo parecido a una declaración de principios.

Los abogados necesitamos categorías. El Derecho funciona necesariamente con ellas. Divorcios, herencias, propiedad intelectual, consumo, protección de datos, discapacidad…

También las páginas web de los despachos suelen organizarse así. Es lógico: permiten explicar qué hacemos.

El problema comienza cuando confundimos la categoría con el problema.

Porque las personas no suelen llegar a un abogado con una categoría jurídica perfectamente construida. Llegan con algo que les está ocurriendo.

Una empresa está utilizando unas fotografías sin permiso. Una academia continúa reclamando pagos pese a los problemas existentes en la contratación. Una pareja necesita ordenar jurídicamente una separación sin destruir todo lo que queda alrededor. Una familia intenta encontrar los apoyos adecuados para que una persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos con la mayor autonomía posible. Una empresa empieza a utilizar inteligencia artificial y descubre que aparecen preguntas que no caben limpiamente en ninguna casilla.

El cliente no tiene por qué saber previamente qué formulario necesita.

Tiene que poder contarnos qué le ocurre.

Cada problema merece su propia pregunta

De No default answer apareció casi inevitablemente la siguiente idea.

Cada problema merece su propia pregunta.

Porque antes de buscar la respuesta hay algo más importante: asegurarse de que estamos respondiendo a la pregunta correcta.

Una parte sustancial del trabajo jurídico ocurre precisamente ahí.

¿Qué ha sucedido realmente? ¿Qué quiere conseguir la persona que tenemos delante? ¿Qué hechos son importantes? ¿Qué podemos acreditar? ¿Qué intereses hay detrás de las posiciones iniciales? ¿Estamos ante un problema que necesita un procedimiento judicial o existe una solución mejor?

Solo entonces llega el Derecho.

Y después, en su caso, llega el formulario.

Pensar más allá del formulario

Esta idea empezó a repetirse durante toda la campaña.

No porque despreciemos los formularios. Todo lo contrario.

Los procedimientos, los modelos, los protocolos y la experiencia acumulada permiten trabajar mejor. No tendría ningún sentido reinventar cada día lo que ya sabemos hacer.

Pero existe una diferencia importante entre utilizar una herramienta después de pensar y utilizarla para evitar pensar.

Dos divorcios pueden seguir el mismo procedimiento y ser dos problemas completamente distintos. Dos reclamaciones de consumo pueden invocar las mismas normas y exigir estrategias diferentes. Dos conflictos aparentemente idénticos pueden necesitar soluciones opuestas porque las personas, los intereses o las pruebas no son los mismos.

El expediente tiene una categoría.

El problema tiene una historia.

La campaña empezó a contestarnos

Y entonces ocurrió algo que no habíamos previsto del todo.

Las piezas empezaron a dialogar entre sí.

No default answer.

Cada problema merece su propia pregunta.

Pensar más allá del formulario.

Not just a prompt.

Esta última apareció hablando de inteligencia artificial, pero acabó diciendo algo que servía también para describir el despacho.

Preguntar bien es importante.

Nunca ha sido suficiente.

Una pregunta —a una inteligencia artificial, a un cliente, a un expediente o a nosotros mismos— tiene valor cuando sabemos qué hacer con la respuesta.

Había que añadir una segunda parte a nuestra reivindicación de pensar.

Había que hacer.

Pensar. Hacer. Resolver.

Esta quizá sea una de las conclusiones más importantes de todo el proceso.

No nos interesa «pensar diferente» como una declaración estética.

El análisis jurídico tiene que convertirse en estrategia. Y la estrategia tiene que producir decisiones.

Pensar. Hacer. Resolver.

Eso modifica incluso la manera de entender actuaciones aparentemente rutinarias.

Una reclamación extrajudicial, por ejemplo, no es simplemente el trámite que hacemos antes de que empiece «el caso».

Ya es parte del caso.

Lo que decimos, lo que decidimos no decir, los documentos que aportamos, la posición jurídica que construimos, las alternativas que dejamos abiertas y hasta el momento en el que actuamos pueden condicionar todo lo que ocurra después.

La estrategia no empieza cuando entramos en el juzgado.

Empieza cuando comprendemos el problema.

Think out of the checkbox

A esas alturas la campaña ya estaba diciendo algo bastante concreto.

No se trataba de pensar fuera de la caja por el mero placer de ser diferentes.

Quizá se trataba de algo más preciso:

pensar fuera de la casilla.

No aceptar que la primera clasificación del problema sea necesariamente la correcta. No permitir que la herramienta determine la pregunta. No confundir el procedimiento con el objetivo.

Y, al mismo tiempo, saber volver a la casilla cuando es la herramienta adecuada.

Porque pensar de otra manera no consiste en hacer cosas extravagantes.

Consiste en elegir conscientemente qué hacemos y por qué.

Bueno. Vamos a leer la norma

Hubo todavía una pieza que parecía hablar de otra cosa.

«Todo ha cambiado».

«Ya están multando».

«Puedes enfrentarte a sanciones millonarias».

El lenguaje jurídico en redes sociales ha aprendido demasiado bien algunas técnicas del clickbait. Cada nueva norma parece llegar acompañada de una sirena de emergencias.

Nosotros preferimos otra reacción.

Bueno. Vamos a leer la norma.

Comprobar qué dice realmente. A quién afecta. Desde cuándo. Qué obligaciones establece. Qué excepciones contiene. Qué consecuencias pueden producirse de verdad.

Y solo después decidir.

Nos dimos cuenta de que aquello también pertenecía a la misma campaña.

Porque No default answer, pensar más allá del formulario y vamos a leer la norma procedían, en el fondo, de una misma actitud.

Antes de responder, entender.

Del problema a la solución

Todo aquello terminó afectando incluso a nuestra página web.

La estructura tradicional de un despacho invita a empezar por los servicios: «Derecho de familia», «propiedad intelectual», «consumo», «protección de datos»…

Nosotros queríamos probar otra puerta de entrada.

Cuéntanos el problema.

No necesitas saber previamente qué procedimiento corresponde. Ni cómo se llama jurídicamente lo que te está ocurriendo. Ni llegar al despacho con la solución medio construida.

Ese es nuestro trabajo.

Escuchar el problema, entenderlo, determinar qué herramientas jurídicas pueden servir y construir una estrategia.

Del problema a la solución.

Eso es VMA.

O, siendo más exactos, descubrimos que eso llevaba bastante tiempo siendo VMA.

Solo que todavía no lo habíamos formulado así.

¿Puede un despacho de abogados tener banda sonora?

Y mientras hacíamos todo esto ocurrió otra cosa.

La campaña empezó a sonar.

Desde el principio habíamos acompañado las piezas con canciones. No como simple música de fondo ni como un recurso para intentar conseguir unos segundos más de atención en Instagram.

Las canciones también decían cosas.

Añadían una referencia, una ironía, un estado de ánimo o una segunda lectura.

Bowie, Talking Heads, DEVO y otros fueron apareciendo junto a las piezas hasta que nos hicimos una pregunta bastante poco habitual en la comunicación de un despacho:

¿Un despacho de abogados puede tener banda sonora?

Decidimos que el nuestro sí.

Así nació VMA Awesome Mix Vol. 1.

Porque si estábamos intentando explicar quiénes somos, tampoco tenía demasiado sentido dejar fuera la cultura que forma parte de nuestra manera de mirar las cosas.

Ley.

Ideas.

Música.

Personas.

Hay canciones, películas, libros e imágenes que nos enseñan a mirar mucho antes de que intentemos convertir esa mirada en un método. Probablemente también están presentes cuando trabajamos: en la curiosidad, en cierta resistencia a las respuestas demasiado obvias, en el gusto por relacionar cosas aparentemente alejadas y en la costumbre de buscar otro ángulo cuando el primero no funciona.

Quizá un despacho tampoco tenga por qué ser únicamente un catálogo de servicios.

UnCommodity

Y llegamos otra vez al principio.

UnCommodity. Pensar más allá del formulario.

Fue la primera pieza de la campaña.

Cuando la hicimos, queríamos expresar una intuición: un servicio jurídico no debería convertirse en un producto indiferenciado, intercambiable, construido a partir de respuestas idénticas para problemas aparentemente semejantes.

Después vinieron todas las demás.

Y al volver ahora a aquella primera imagen resulta curioso comprobar que buena parte de lo que hemos descubierto estaba ya allí.

No queríamos decir que cada asunto exigiera inventar el Derecho desde cero.

Queríamos decir algo bastante más sencillo.

Que las herramientas están al servicio del problema.

Que el formulario viene después de pensar.

Que no existe una respuesta por defecto.

Que cada problema merece su propia pregunta.

Que preguntar bien no basta.

Que hay que pensar, hacer y resolver.

Y que, de vez en cuando, antes de anunciar que todo ha cambiado, conviene sentarse tranquilamente y leer la norma.

Beginning to see the light

Después de trece años podríamos decir que este verano hemos hecho un rebranding.

Sería cierto.

Hay un nuevo logotipo. Una nueva identidad visual. Una web reformulada. Un lenguaje gráfico distinto. Unas siglas —VMA— que cada vez nos resultan más naturales.

Pero sería una explicación incompleta.

Porque no hemos intentado inventar una nueva personalidad para Víctor Martínez Abogado.

Hemos intentado descubrir cuál tenía ya.

La campaña comenzó preguntándonos cómo queríamos contar el despacho.

Y terminó ayudándonos a entenderlo.

Quizá por eso la canción adecuada para cerrar todo esto sea Beginning to See the Light, de The Velvet Underground.

No porque después de trece años hayamos decidido convertirnos en otra cosa.

Precisamente por lo contrario.

Porque empezamos a ver con bastante claridad lo que llevábamos tiempo siendo.

VMA — Del problema a la solución.

El derecho se ejerce con palabras. Algunas reflexiones antes de un libro.

Hay una pregunta que me acompaña desde hace años y que, con el tiempo, he dejado de considerar retórica: ¿por qué pierde un caso quien tiene la razón?

No me refiero a los errores procesales, ni a la prueba mal practicada, ni a los plazos incumplidos. Me refiero a algo más difícil de señalar. A esos casos en que el derecho aplicable favorece claramente a una parte, los hechos están acreditados, y aun así algo falla. La resolución llega y uno tiene la siempre desagradable sensación de que el tribunal no llegó a ver lo que había que ver. O de que lo vio, pero no del modo en que debía.

Durante mucho tiempo atribuí esa sensación a la arbitrariedad, o a la suerte, o a factores que estaban fuera del control del abogado. Con el tiempo he llegado a pensar que eso es, en buena medida, una coartada como otra cualquiera.

Los casos no se ganan solo con argumentos. Se ganan con relatos.

Esa afirmación necesita matiz, porque mal entendida suena a cinismo o a una invitación a manipular. No se trata de eso. Es una descripción de cómo funciona el entendimiento humano, incluido el de los jueces. Los seres humanos no procesamos la realidad como bases de datos que reciben inputs y generan outputs lógicos. La procesamos narrativamente: buscamos coherencia, identificamos protagonistas y antagonistas, necesitamos que las cosas tengan sentido como historia antes de poder evaluarlas como argumentos.

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La custodia compartida como norma: evolución jurisprudencial y claves jurídicas actuales

Durante años, la custodia monoparental —habitualmente atribuida a la madre— fue la solución preferente en los procesos de separación y divorcio en España. Sin embargo, desde hace más de una década, la custodia compartida ha experimentado un ascenso constante hasta convertirse en la opción preferente para los tribunales, siempre que redunde en beneficio del menor. Este cambio no es casual ni arbitrario: responde a una evolución doctrinal, jurisprudencial y social que conviene analizar con rigor.

Evolución normativa y jurisprudencial

En el ordenamiento jurídico español, la Ley 15/2005, de 8 de julio, modificó el Código Civil en materia de separación y divorcio. Por primera vez, introdujo la posibilidad de que un juez acordase la guardia y custodia compartida, incluso sin acuerdo entre los progenitores, si lo consideraba conveniente para el interés del menor (art. 92.8 del Código Civil). Leer Más

Divorcio 2025: estas son las claves para un acuerdo justo, rápido y sin dramas

Hablar de divorcio ya no debería remitirnos automáticamente al conflicto, al desgaste emocional o a interminables procesos judiciales. Hoy más que nunca, debemos apostar decididamente por formas más humanas, ágiles y justas de poner fin a una relación de pareja.

Desde Víctor Martínez Abogado, y como miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), llevamos años defendiendo esta forma de hacer las cosas. Si estás pensando en divorciarte o acompañas a alguien que lo está, te interesa conocer estas claves.

El acuerdo siempre es el mejor camino

El divorcio de mutuo acuerdo no es solo el más rápido y económico, también es el que menos daño colateral provoca. Cuando ambas partes se sientan a negociar con buena fe, se abre la puerta a pactos duraderos y equilibrados. No se trata de “ceder” sin más, sino de construir juntos un nuevo equilibrio.

¿Sabías que un divorcio de mutuo acuerdo puede resolverse en pocos meses si todo está bien planteado desde el principio?

El papel clave del abogado negociador

No todos los abogados están preparados para mediar o negociar desde la serenidad. En nuestro despacho no vemos el divorcio como una batalla, sino como una transición legal y vital. Por eso, apostamos por una abogacía dialogante, que protege tus intereses sin necesidad de destruir al otro.

Nuestro enfoque es claro: defender sin agredir, proteger sin dividir.

El Convenio Regulador: tu hoja de ruta

Todo divorcio pactado debe acompañarse de un convenio regulador que incluya aspectos como:

  • Guarda y custodia de los hijos

  • Régimen de visitas

  • Pensión de alimentos

  • Uso del domicilio familiar

  • Reparto de bienes comunes

Un buen convenio evita problemas futuros. Por eso lo redactamos con rigor jurídico, experiencia en derecho de familia y visión a largo plazo.

La custodia compartida es hoy la regla general

Salvo casos en los que no sea viable, los tribunales parten del principio de corresponsabilidad parental. Esto significa que ambos progenitores deben seguir implicados de forma equitativa en la crianza. Lo ideal: acordarlo y plasmarlo con claridad.

Los hijos no se “reparten”. Se acompañan.

Cada euro cuenta: menos costes, menos desgaste

El divorcio de mutuo acuerdo puede realizarse ante notario (si no hay hijos menores) o ante el juzgado (cuando los hay). En ambos casos, los costes se reducen notablemente frente al proceso contencioso. Y sobre todo, se ahorra tiempo, estrés y energía emocional.

Y después del divorcio, empieza tu nueva vida

El divorcio no es el final. Es una oportunidad para rehacer tu proyecto vital, con más consciencia, más paz y más libertad. A veces los cambios vitales son duros, pero dentro de un año estarás mejor que ahora. Una buena gestión legal allana ese camino.

¿Te estás planteando un divorcio?

En Víctor Martínez Abogado, como miembros de AEAFA y especialistas en derecho de familia, te escuchamos, te asesoramos y te acompañamos con profesionalidad y empatía. Porque creemos que la abogacía también puede ser un puente hacia una vida mejor.

Solicita ya tu primera consulta personalizada.

La irrupción de los MASC en el Derecho de Familia: Efectos prácticos de la Ley 1/2025 en separaciones y divorcios

La Ley 1/2025, de 7 de febrero, de eficiencia procesal del servicio público de justicia, ha supuesto un cambio normativo de profundo calado. Su eje central es la incorporación sistemática de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como condición previa para el acceso a la vía judicial. En el ámbito del Derecho de Familia, esta transformación cobra una especial relevancia, tanto por el volumen de litigiosidad que concentra como por la complejidad emocional y social que rodea a los procedimientos de separación, divorcio, guarda y custodia, o régimen de visitas.

I. La exigencia del intento de solución extrajudicial como requisito de procedibilidad

El artículo 3 de la Ley 1/2025 introduce una exigencia de gran trascendencia: para interponer una demanda judicial (salvo excepciones tasadas), será necesario acreditar que se ha intentado previamente un MASC, como la mediación, la conciliación o la negociación asistida.

En el campo del Derecho de Familia, esta previsión se traduce en un requisito de procedibilidad que el abogado debe gestionar con precisión: antes de presentar una demanda de divorcio contencioso o de modificación de medidas, deberá constar documentalmente la participación (o al menos el intento diligente) de las partes en un proceso de mediación familiar u otro mecanismo reconocido.

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Separación y divorcio de mutuo acuerdo: eficiencia jurídica y bienestar personal

En el contexto de las crisis matrimoniales, el Derecho de Familia ofrece dos grandes vías para poner fin a la relación conyugal: el proceso contencioso y el proceso de mutuo acuerdo. Aunque ambos son legítimos y responden a distintas realidades, la experiencia acumulada en los tribunales y despachos especializados evidencia una clara ventaja en optar, siempre que sea posible, por la vía consensuada.

Seguridad jurídica, rapidez y ahorro económico

El procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo presenta numerosas ventajas desde el punto de vista procesal:

  • Rapidez: Al presentarse una demanda conjunta acompañada de un convenio regulador previamente pactado, se evita el señalamiento de juicio, lo que reduce considerablemente los plazos de resolución.

  • Costes reducidos: Un solo procurador y abogado pueden representar a ambos cónyuges, lo que se traduce en una importante rebaja de los costes del proceso.

  • Menor desgaste emocional: Evitar la confrontación judicial directa favorece una mejor gestión emocional del conflicto, especialmente cuando existen hijos menores o intereses comunes a proteger.

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El patrimonio protegido: una herramienta jurídica para garantizar el futuro de las personas con discapacidad intelectual

Cuando una familia convive con la realidad de la discapacidad intelectual, una de las mayores preocupaciones a largo plazo es cómo garantizar la seguridad económica y el bienestar de la persona con discapacidad, especialmente cuando los progenitores o cuidadores ya no estén. En este contexto, el patrimonio protegido se configura como una figura jurídica de gran utilidad, aunque aún bastante desconocida.

Vamos a intentar explicar, desde un enfoque práctico y accesible, qué es el patrimonio protegido, cómo se constituye, qué ventajas fiscales conlleva y qué usos concretos puede tener para las familias.

Patrimonio protegido de las personas con discapacidad intelectual

¿Qué es el patrimonio protegido?

El patrimonio protegido es un conjunto de bienes y derechos patrimoniales que se constituye legalmente a favor de una persona con discapacidad. Tiene un régimen especial de protección y gestión, y está pensado para cubrir las necesidades vitales del beneficiario a lo largo de su vida.

Fue regulado por primera vez en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, y actualmente se encuentra recogido y actualizado en el Código Civil y la legislación fiscal aplicable.

¿Quién puede beneficiarse?

Pueden ser titulares de un patrimonio protegido:

  • Personas con un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33%, acreditado mediante certificado oficial.

  • Personas con discapacidad psíquica, sensorial o física igual o superior al 65%.

  • Personas con incapacitación judicial (aunque tras la reforma de la Ley 8/2021 se habla ahora de medidas de apoyo y no de incapacitación).

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Medidas de apoyo para personas con discapacidad intelectual: guía jurídica práctica para familias

Desde la reforma de la legislación civil y procesal introducida por la Ley 8/2021, de 2 de junio, el ordenamiento jurídico español ha evolucionado hacia un modelo basado en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. En este contexto, desaparecen las antiguas figuras de incapacitación judicial y tutela, y se consolidan las medidas de apoyo como eje central para la toma de decisiones, en línea con la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Vamos a intentar ofrecer una breve guía práctica y jurídica para familias que deseen promover la adopción de medidas de apoyo para un familiar con discapacidad intelectual, ya sea de manera voluntaria o judicial.

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Valor jurídico de los convenios reguladores de separación no ratificados judicialmente. STS nº 904/2023, 6 de junio de 2023

Doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo relativa a los negocios jurídicos de familia, incluso aquellos que no han sido ratificados judicialmente. Análisis de la STS nº 904/2023, 6 de junio de 2023, cuyo objeto versa sobre una acción demodificación de las medidas definitivas fijadas en una sentencia de divorcio, y la eficacia vinculante del convenio regulador pactado por los litigantes al amparo del principio de la libre autonomía de la voluntad, y no ratificado judicialmente.

Antecedentes relevantes de la STS nº 904/2023, 6 de junio de 2023

Antes de entrar en detalle en la doctrina del Tribunal Supremo, es imprescindible situarse en cuanto al caso concreto que se analiza. Si se acude al Fundamento de Derecho Primero de la STS nº 904/2023, 6 de junio de 2023, en él se recogen los antecedentes relevantes del caso, que se pueden resumir del siguiente modo:

– El matrimonio de los litigantes se disolvió por sentencia de divorcio de mutuo acuerdo, dictada en noviembre de 2019 por un Juzgado de Primera Instancia, que aprobó el convenio regulador suscrito.

– En febrero de 2020, los ex cónyuges suscribieron un nuevo convenio, que no llegó a ratificarse judicialmente, si bien se comenzó a cumplir por las partes.

– Posteriormente, el demandante promovió demanda de modificación de las medidas definitivas de la sentencia de divorcio de noviembre de 2019 contra su ex cónyuge, en la que solicitaba cambios respecto a la guarda y custodia del hijo, el régimen de visitas a cargo de la madre, el establecimiento de una determinada pensión de alimentos con cargo a la madre, el pago de los gastos extraordinarios a partes iguales, y que se declarase extinguida la pensión compensatoria y se dejara sin efecto la indemnización acordada.

Finalmente se dictó sentencia por la que se modificó la sentencia de divorcio en el sentido de fijar la contribución de la madre a los alimentos del hijo, que desde el referido convenio convive con el padre, con mantenimiento del resto de los pronunciamientos de la sentencia de divorcio de 2019.

– Frente a dicha sentencia el demandante interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Audiencia Provincial de Madrid, el cual se fundamentaba principalmente en la infracción de los artículos 1255, 1258 y 1091 del Código Civil, así como la jurisprudencia que admite la eficacia de los convenios reguladores suscritos por las partes y no ratificados. No obstante, el recurso fue resuelto por sentencia del referido tribunal confirmatoria de la pronunciada por el juzgado de primera instancia.

– En último lugar, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid el demandante interpuso los recursos extraordinarios por infracción procesal y casación.

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Sentido y sensibilidad: habilidades del abogado de familia

Un abogado de familia es aquel especializado en asuntos tan comunes en nuestra sociedad como separaciones, divorcios, herencias, adopciones, etc. El ámbito más habitual en el que acaba siendo necesario es la separación y el divorcio, dado el alto índice de rupturas de pareja en las sociedades actuales.

Dentro de una separación o divorcio habrá que resolver varios temas, los más importantes sin duda son los relativos a la custodia, cuidado y relación con los hijos menores, y la regulación económica de ese sustento posterior de los menores.

Los abogados de familia trabajamos, por tanto, con materias altamente sensibles pues inciden en los aspectos más importantes para la persona como son las relaciones familiares directas.

Ahí es donde entra de lleno la especialización; el abogado de familia actúa como un consejero y contribuye con su apoyo en muchos aspectos colaterales, de hecho a veces el primer encuentro con el cliente es más parecido a la sesión con un psicólogo, que a un asesoramiento jurídico propiamente dicho.

A menudo encuentro en procesos de ruptura a abogados contrarios que no son especialistas en familia. En muchos casos son grandes abogados, claro que sí, pero no suelen llevar procedimientos de disolución de pareja o matrimonio, solo llevan esta materia de forma ocasional, o lo están haciendo como un favor a un amigo o familiar. El resultado suele ser irregular, porque llevar un divorcio no es como llevar un accidente de tráfico o un despido por causas objetivas. En derecho de familia la defensa del interés de nuestro cliente es, por supuesto, sagrado, pero en ocasiones el interés de nuestro cliente no es solo lo que él quiere, o cree que quiere, especialmente si hay menores de por medio; en tal caso se convertirá en algo mucho más complejo.

Algunas aptitudes que debe tener el abogado de familia para abordar su trabajo:

  1. Empatía y escucha activa. En asuntos de familia no solo estamos recabando información, sino también la forma de procesar la información por parte de nuestro cliente, muchas veces (perdón: casi siempre) afectado por sentimientos de alta intensidad.
  2. Capacidad pedagógica. Debemos transmitir a nuestro cliente el análisis del caso, decirle con honestidad y sin reservas los distintos escenarios que tiene por delante.
  3. Tener en cuenta siempre el interés superior del menor: este principio del derecho de familia, que tantas veces invocamos ante jueces y fiscales en nuestros escritos de demanda o contestación, debe ser tenido en cuenta en primer lugar por nosotros mismos. Porque a veces el interés superior del menor va a entrar en contradicción con lo que nuestro cliente quiere, y ahí vamos a tener que volver al punto 2 para ayudarle a entenderlo.
  4. Pensar en el largo plazo. Los juzgados están llenos de “victorias pírricas” que sumen a la ya expareja en escenarios de conflicto permanente. Muchas veces es inevitable, otras veces es porque los letrados implicados han ido a lo fácil (“ganar”) y no han hecho bien su trabajo. En mi experiencia la mejor solución es aquella duradera, que reduce los conflictos a futuro porque parte de un convenio regulador prolijo y bien armado, y lima todas las asperezas posibles.
  5. Desterrar los conceptos de “ganar o perder”. En derecho de familia pocas veces se trata de ganar o perder. Se trata de establecer las relaciones futuras que permitan el bienestar y el desarrollo de los hijos y rehacer su vida a los progenitores.
  6. Un conocimiento profundo del derecho de familia y de su aplicación concreta en los juzgados y tribunales en los que se trabaja. Aunque esto es un rasgo evidente, y compartido con cualquier otra área: evidentemente el abogado especializado debe conocer en profundidad el área en el que desarrolla su actividad.

Por supuesto, está también presente el componente económico. Cómo se dividen y reparten los bienes gananciales, o como se compensan situaciones de injusticia durante el matrimonio, entran también dentro del ámbito de los intereses personales de cada miembro de la pareja, y el abogado de familia debe luchar por ellos.
Hace unos años, tras observar el incremento de procesos de ruptura que entraban al despacho gracias al “boca a oreja” de mis clientes, me incorporé a la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), donde se comparten conocimientos, formación y recursos especializados en Familia. Y puedo decir que, en aquellos procesos en que el compañero/a que representa a la parte contraria es también especialista, se nota: en el talante y en el interés en agotar todas las vías de diálogo para evitar el conflicto.
En mi ejercicio profesional llevo asuntos de distinto tipo, la mayoría ante la jurisdicción civil. No obstante, establezco una divisoria bastante intensa en la praxis profesional del derecho de familia. Que es otra cosa.

Víctor Martínez López, Abogado. Socio nº 2426 de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA).