Víctor Martínez Abogado firma convenio con DIP

logoDIPEl pasado 23 de abril firmamos un convenio de colaboración con DIP (Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria Región de Murcia) para ofrecer los servicios jurídicos de este despacho a los asociados/as de DIP en condiciones muy ventajosas. A partir de ahora los creativos y diseñadores de la región pueden contar con el apoyo de un despacho jurídico que conoce bien ese mundillo, sus problemáticas y sus inquietudes. Además esta colaboración se extenderá tanto a la participación en actividades de DIP como a la divulgación de temas específicos que interesan a este colectivo, analizados desde una perspectiva jurídica.

Si tú o tu empresa sois miembros de DIP, no dudéis en aprovechar este servicio.

Ciberocupación y criterios en caso de controversia de nombres de dominio

ciberocupacionPor ciberocupación se entiende el registro anticipado y de mala fe de marcas como nombres de dominio por personas que no tienen derecho alguno sobre esos nombres. Los ‘ciberocupas’ se aprovechan del hecho de que el sistema de registro de nombres de dominio funciona por riguroso orden de solicitud, y proceden al registro de nombres de marcas, personalidades y empresas, así como de variaciones de dichos nombres. Un motivo frecuente de la ciberocupación es la intención de vender el nombre de dominio al titular de la marca, o atraer un gran número de visitas a un sitio Web en el que se publiquen ofertas comerciales que no guardan relación con el nombre. La ciberocupación plantea controversias entre los titulares de marcas y los titulares de nombres de dominio, controversias que por sus características no se prestan a una solución en el marco del régimen judicial ordinario. Basado en el principio de territorialidad, el sistema judicial no ofrece en todos los casos una solución completa a conflictos de dimensión mundial. Por otro lado, la vía judicial puede resultar lenta y onerosa, factores que pueden llevar al titular de la marca a una situación de facto, en la que lo más rápido y menos costoso será adquirir directamente al ciberocupa los derechos sobre un nombre de dominio antes que tratar de reclamar dichos derechos mediante un proceso judicial. Por consiguiente, fue fundamental instaurar un mecanismo alternativo que permita solucionar estas controversias en las que suelen estar involucradas partes de varios países.

Los tres criterios de aplicación de la Política uniforme (UDRP)
La Política uniforme (UDRP) se aplica a controversias en materia de nombres de dominio que se ajustan a los tres criterios siguientes:
1) el nombre de dominio registrado por el titular es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.
2) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión.
3) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En el párrafo 4.b) de la Política uniforme (UDRP) se ofrecen algunos ejemplos (entre otros, el nombre de dominio ha sido registrado con el fin expreso de venderlo al propietario de la marca) que, dado el caso, se considerarán como prueba de la existencia de mala fe en el registro y la utilización del nombre de dominio en cuestión. Del mismo modo, en el párrafo 4.c) de la Política uniforme (UDRP) se ofrecen algunos ejemplos de circunstancias (entre otras, el nombre de dominio se utiliza en relación con una oferta de buena fe de productos) que, dado el caso, se considerarán como prueba de que el demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.

El Índice de resoluciones de los Grupos de Expertos de la OMPI basadas en la Política uniforme (UDRP) permite a las partes y a los integrantes del grupo de expertos consultar en Internet las resoluciones anteriores dictadas por grupos de expertos, con miras a examinarlos hechos y circunstancias de la demanda en función de la jurisprudencia de la OMPI.

Fuente: Guía de la OMPI sobre la solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Guía de lectura para entender lo que está pasando con el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la «tasa Google»

lpiLlevamos toda la semana con un batiburrillo de tweets, artículos e información de todo tipo sobre el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) presentada el viernes pasado por el Gobierno tras su debate en el Consejo de Ministros. Con toda humildad comparto algunas lecturas sobre el tema que me han resultado especialmente interesantes.

Se ha analizado en detalle lo que se ha dado en llamar «tasa Google», es decir, la obligación de los agregadores de noticias (un referente es Google News) de pagar un canon a los medios de comunicación por incluir sus noticias en dichos agregadores. Hay que tener en cuenta que en estas plataformas lo que se muestra es un titular, una entradilla y un enlace al contenido original. Pero no solo afecta a Google, sino a otras empresas más modestas como Menéame.

A este respecto, os recomiendo la lectura de este artículo de su blog oficial, en el que expresan muy claramente su postura y las consecuencias que esta nueva norma puede acarrear para ellos. Es interesante, como siempre, leer la incisiva (pero bien fundamentada) reacción de Enrique Dans. Y el análisis pormenorizado de David Maeztu, especialista en derecho de internet, en su blog.

Pero lo que no podemos dejar de lado es que la llamada «tasa Google» es solo una de las muchas consecuencias de este nuevo marco legal, muy sonada por afectar a quien afecta pero que realmente al usuaario le repercute de forma relativa. Por eso resulta imprescindible leer la entrevista en Gizmodo a Javier de la Cueva, abogado especializado en tecnología e internet, en la que aborda otros temas en los que la nueva normativa es especialmente sangrante, como el derecho de cita en educación y el canon que se va a imponer a las universidades por el uso de contenidos educativops en sus campus online.

Por último volvemos a David Maeztu, que nos aclara cómo afecta esta nueva regulación a contenidos Creative Commons.

Suplantación de identidad en Facebook, ¿qué hago?

facebook_logoEl pasado lunes, a través de mi página de Facebook, me contactó otro usuario de esta red social bastante agobiado por un caso de suplantación de identidad. Al parecer esta persona había encontrado un perfil con su mismo nombre (la única diferencia era una “L” de más, de forma que el apellido de su clon en vez de en L terminaba en LL) con diversas fotos suyas. El sujeto en cuestión aparentemente decía vivir en una ciudad francesa. Desde este perfil se había ido creando una red de contactos que, en principio, nada tenía que ver con el entorno del perfil original.

El usuario suplantado denunció el perfil a Facebook, pero desde esta red le dijeron que no infringía sus normas desde el momento en que el nombre era diferente (!). En el mensaje de contestación le animaban a denunciar las fotos y contenidos uno por uno.
Este usuario, desesperado, me preguntó qué podía hacer.

En principio hay que canalizar la denuncia por los cauces previstos por la propia empresa: denunciar el perfil (haciendo clic en la opción “Denunciar/bloquear” y, siguiendo las opciones que nos dan las pestañas del menú, indicar que “Este perfil se hace pasar por alguien que no es o es falso” y a continuación “Se hace pasar por mí”).

Está claro que en este caso se estaría produciendo, en primer lugar, una vulneración del derecho a la propia imagen reconocido expresamente por el artículo 18 de la Constitución Española. Además entraría en el tipo penal previsto por el artículo 401 del Código Penal, esto es, un delito de usurpación de identidad (usurpación de estado civil) castigado con pena de prisión de seis meses a tres años. Se pueden denunciar los hechos directamente ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

Finalmente tras denunciar uno a uno los contenidos del perfil falso, y animar a sus contactos a que denunciaran, fue la propia web Facebook la que los retiró y obligó a cambiar la denominación del perfil.

¿Impuestos a la carta?

yahoo_logoHoy he recibido este correo de Yahoo: «Como parte de nuestro compromiso continuo para ofrecerte un excelente servicio, hemos reorganizado recientemente nuestras operaciones en Europa. A partir del 21 de marzo de 2014, prestaremos nuestros servicios desde una única y misma empresa europea, ubicada en Irlanda. Este cambio requiere que modifiquemos nuestras Condiciones de Servicio y Política de Privacidad, particularmente, tu contrato como usuario será transferido de Yahoo Iberia, S.L.U., a Yahoo! EMEA Limited»

No sé en qué me beneficia este «compromiso de excelente servicio», aparte de que vais a huir de la fiscalidad de mi país o sea que, de hecho, me perjudica.

Nuevo sistema unificado de reclamaciones de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Decreto 03-2014 BORMEl pasado viernes 31 de enero el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó un importante decreto que unifica el sistema de reclamaciones de los consumidores y usuarios en esta Comunidad Autónoma. La novedad más importante es que será obligatorio disponer de hojas de reclamaciones electrónicas en el caso de tiendas online.

Así, este Decreto generaliza las hojas de reclamaciones, que se extenderán más allá del comercio tradicional, especialmente a nuevos formatos comerciales como la venta a distancia, el comercio electrónico y la venta en pública subasta, entre otras modalidades que implican la ausencia de establecimiento físico.

En los supuestos de venta a distancia, venta en pública subasta y cualquier otro que carezca de establecimiento o local abierto al público, los prestadores de servicios o comercializadores de bienes estarán obligados a tener hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios.

Así, deberán hacer constar esta circunstancia en los soportes en que se realice la oferta, propuesta de contratación o facturas que expidan, donde se indicará la sede física o dirección postal o electrónica a la que el interesado podrá, a su elección, tener acceso o solicitar la remisión de las hojas de quejas y reclamaciones.

Las hojas de reclamaciones estarán disponibles también a través de los portales web de los comercios y ser presentadas de forma electrónica ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad.

No están incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto, cuando dispongan de su propio procedimiento de reclamaciones:

  1. Los profesionales liberales en el ejercicio de las actividades para las que obligatoriamente tengan que estar colegiados, cuando el colegio profesional legalmente reconocido disponga del procedimiento de reclamaciones en el ámbito territorial en el que el profesional presta el servicio, y el profesional esté sujeto al citado procedimiento.
  2. Los centros de enseñanza que imparten enseñanza reglada y enseñanza ocupacional.
  3. Los servicios públicos prestados directamente por la Administración Pública y/o organismos públicos dependientes de la misma.
  4. Los servicios de transporte público de viajeros por carretera y las actividades auxiliares y complementarias del transporte, que tenga establecido un documento de control análogo.
  5. Los servicios y actividad de la sanidad que tengan normativa específica en la materia.

El decreto ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, por lo que entrará en vigor dentro de veinte días tal y como estipula la Disposición final de la norma.

Podéis visualizar y descargar el texto legal completo haciendo clic aquí o en la imagen que acompaña al artículo.

Primera sentencia en España que obliga al operador a cortar el acceso de un usuario de P2P por infringir derechos de autor

La sentencia 470-2013 del Juzgado nº 6 de lo Mercantil de Barcelona obliga al operador de cable gallego R a suspender «de inmediato y de forma definitiva» la prestación del servicio de acceso a Internet al usuario que utiliza el nickname ‘nito75’. Promusicae, Wea, Sony, Warner, Universal y Emi Music demandaron a R porque «para las demandantes resulta imposible conocer la identidad detrás del nombre de usuario». «Sí conocen la dirección IP, lo que les permite conocer la compañía que presta el servicio de acceso a Internet, en este caso la demandada».

Se trata de una vía hasta ahora no utilizada, amparada en los artículos 138 y 139 de la LPI en relación con el 14 de la LSSI. Podéis acceder a un artículo bastante amplio de Pablo Romero en el diario El Mundo en este enlace y a la sentencia completa aquí.

¿Es WhatsApp una herramienta de comunicación fiable para abogados y sus clientes?

WhatsApp y abogadosLa cuestión de la seguridad del uso de WhatsApp en las conversaciones abogado-cliente es uno de los trending topics de la red. Al tratarse de una herramienta tan accesible y utilizada, la tentación de incorporarla al conjunto de recursos tecnológicos del letrado es muy grande. Como en otros casos, la cuestión fundamental es conocer en profundidad cuáles son las condiciones legales y técnicas de la plataforma para saber cuáles pueden ser sus usos y sus límites.

En fechas recientes el Colegio de Abogados de Málaga ha denunciado ante sus miembros «los inconvenientes que representa el uso de la aplicación de mensajería multiplafatorma WhatsApp, especialmente en la relación entre letrado y cliente». El Colegio de Abogados de Sabadell ha sido el que más lejos ha llegado en la investigación legal de los límites de esta aplicación. Así, la agrupación de Jóvenes Abogados de Sabadell decidió plantear una consulta formal ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) para que ésta se pronunciase sobre los riesgos que supone el uso de la aplicación WhatsApp en el ámbito profesional de las relaciones entre el abogado y el cliente. Sus conclusiones ponen de manifiesto «la existencia de diversas vulnerabilidades en la aplicación respecto de la normativa de protección de datos que podrían poner en evidencia las conversaciones de los abogados con sus clientes».

Riesgos y sanción para abogados

Los abogados, al igual que otros colectivos profesionales, tratan datos sensibles que pueden incluir datos de salud o datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales. En la medida en que la normativa requiere la incorporación de determinadas medidas de seguridad al tratar estos datos, el abogado deberá verificar que los medios que utiliza para intercambiar información con sus clientes son seguros. El abogado que use medios de comunicación no segura se arriesga a sanciones que pueden llegar a 300.000 euros en los casos más graves.

Elementos clave en las condiciones de Whatsapp

  • WhatsApp puede cambiar las condiciones cuando quiera, el usuario es responsable de revisarlas periódicamente para ver si hay cambios y decidir si continúa utilizando el servicio o no.
  • WhatsApp no garantiza la confidencialidad de conversaciones y contenidos intercambiados en su servicio.
  • WhatsApp no borra conversaciones, sólo las oculta.
  • A WhatsApp no le enviamos sólo nuestro teléfono, sino nuestra agenda completa. Y no sólo recibe los números de nuestra agenda, sino la información completa de cada tarjeta de contacto: nombre y apellidos, correo electrónico, etc.
  • Cualquier daño ocasionado por el contenido enviado es responsabilidad exclusiva del usuario.
  • WhatsApp puede revocar estas condiciones cuando estime oportuno.
  • Cualquier incidente que nos ocurra con WhatsApp tiene un plazo de un año para denunciarse.

(Resumen extraído del blog Celularis)

A todo esto hay que añadir, además, las vulnerabilidades técnicas de la plataforma, cuya seguridad, cifrado y protección contra virus y malware no son todo lo robustas que cabría desear en una aplicación de telecomunicaciones.

Consejos para el uso de WhatsApp

A priori yo daría dos consejos que pueden permitir un cierto uso de la plataforma sin comprometer el necesario celo de los datos personales que debe tener un abogado:

1. El primero es de elemental sentido común, que es restringir el uso de WhatsApp a situaciones y mensajes que no incluyan información sensible. Por ejemplo no habría gran problema en usarlo para cambiar la hora de una cita o comunicar que se va a llegar tarde a una reunión. Pero en ningún caso debería de usarse para comentar el contenido de una sentencia, resolución, o contrato, en plan «Sr. Fernández, acaba de llegar resolución y le ha sido concedida la invalidez, le corresponde una pensión de…».

2. El segundo es una recomendación de la propia Autoridad de Protección de Datos de Cataluña: que el abogado atribuya pseudónimos a sus contactos, lo que operará como una medida de protección contra todo uso indebido de la verdadera identidad de sus clientes. Bastaría cualquier nombre ficticio, código, o cualquier otro signo que se no sean su nombre ni apellidos reales. No obstante, dicha medida no evitará el «chequeo» que realiza WhatsApp en todos los contactos de la agenda del abogado.

Estas precauciones no atañen sólo a abogados, sino a todos aquellos profesionales que tienen una especial obligación de confidencialidad y protección de datos en el desempeño de su función: médicos, psicólogos, educadores, asesores, etc.

Sanción de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Google por valor de casi 1.000.000 de euros

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Hace unos días la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hizo pública una resolución en la que sancionaba a Google “por vulnerar gravemente los derechos de los ciudadanos”. ¿En qué se basaba esa sanción?

A diario como usuarios de Internet realizamos multitud de contratos. “¿Cómo? ¿Contratos yo?”, puede que piense el lector. Y en efecto, así es. Cada vez que aceptamos las cláusulas de privacidad al contratar un servicio (aunque este sea gratuito) estamos aceptando unas condiciones contractuales. En Dropbox, al empezar a utilizar sus útiles buzones. En Google, al crear una nueva cuenta de Gmail. Al instalar una nueva app en nuestro Smartphone, y así suma y sigue.

En 2012 Google cambió las condiciones de privacidad de todos sus servicios, unificándolos. De tal manera que el usuario pasaba a aceptar unas condiciones generales aplicables a todos los servicios y aplicaciones contratadas con la compañía de Mountain View. En palabras de la AEPD, “se creó un modelo de tratamiento de datos basado en la transversalidad, posibilitando que la información que una persona facilita para un servicio pueda combinarse con la de otros y utilizarse con cualquier finalidad, y generando un uso de los datos personales que excede ampliamente las expectativas que un usuario podría esperar de la utilización de un servicio”.

La Resolución de la AEPD declara la existencia de tres infracciones graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), impone a Google una sanción de 300.000 euros por cada una de ellas y requiere a la compañía para que adopte sin dilación las medidas necesarias para cumplir con las exigencias legales.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha constatado que:

  1. Google recoge y trata ilegítimamente información personal, tanto de los usuarios autenticados (dados de alta en sus servicios) como de los no autenticados, e incluso de quienes son meros “usuarios pasivos” que no han solicitado sus servicios pero acceden a páginas que incluyen elementos gestionados por la compañía sin explicitarlo.
  2. No se informa con claridad a los usuarios de Gmail de que se realiza un filtrado del contenido del correo y de los ficheros anexos para insertar publicidad.
  3. Google combina la información personal obtenida a través de los diversos servicios o productos para utilizarla con múltiples finalidades que no se determinan con claridad, vulnerando con ello la prohibición de utilizar los datos para fines distintos de aquellos para los que han sido recabados.
  4. En contra de lo exigido por la legislación española, Google almacena y conserva datos personales por periodos de tiempo indeterminados o injustificados, contraviniendo con ello el mandato legal de proceder a su cancelación cuando dejan de ser necesarios para la finalidad que determinó su recogida.
  5. Finalmente, Google obstaculiza -y en algunos casos impide- el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición).

Esta acción forma parte de la actuación coordinada iniciada junto a las Autoridades de Protección de Datos de Alemania, Francia, Holanda, Italia y Reino unido tras la falta de reacción de Google a los requerimientos previos.

Al margen de las conclusiones legales, hay una conclusión que como usuarios debemos sacar y es que debemos conocer bien las condiciones de privacidad de los sitios web y aplicaciones que utilizamos. Google y muchas otras empresas nos prestan servicios muy valiosos, pero es importante que sepamos cuándo y cómo se usan nuestros datos para saber si podemos aprovechar estas aplicaciones para toda ocasión o solo para determinados usos.

Bienvenidos al Blog de Víctor Martínez Abogado

icon144x144Empiezo esta nueva andadura en 2014, un año que por muchas razones creo que va a ser memorable. Y con el nuevo año, nuevo blog. Llevo desde 2003 como blogger de diversas materias, pero para quienes, como yo, entendemos los blogs como potencialmente poderosos medios de comunicación, siempre es ilusionante abrir una nueva bitácora.

¿Y de qué voy a hablar aquí? Pues de derecho, claro, pero muy relacionado con las materias en las que estoy especializado: las nuevas tecnologías, Internet, las marcas, la protección de datos… Todo ello enriquecido con el matiz que me aporta el haber estado a ambos lados de la trinchera, pues durante más de veinte años he compaginado mi formación y labor jurídica con el trabajo como especialista en comunicación y marketing online.

Y de más cosas que me interesan y rondan por mi cabeza: el derecho como cultura, la divulgación jurídica para «no profesionales», materializada en la sección que se corresponde con un hashtag en Twitter que os invito a difundir: #elderechoescultura.

Espero que todo esto os interese, ya que a mí me apasiona.