Ayer, 8 de febrero, tuvo lugar una importante reivindicación ante el Tribunal Constitucional en Madrid. Cientos de personas discapacitadas intelectualmente, pertenecientes a asociaciones de todo el país, se manifestaron pidiendo el derecho al voto. Este acto fue apoyado desde toda España con actos simbólicos como el realizado por Plena Inclusión Murcia.
En numerosas ocasiones los padres se ven obligados a incapacitar judicialmente (modificar su capacidad jurídica) a sus hijos, para prorrogar el ejercicio de la patria potestad o establecer una tutela (de manera que puedan seguir tomando decisiones en la administración y disposición de bienes, atención especializada, trámites administrativos, etc.). Sin embargo, en demasiados casos se hace «tabla rasa» en esa incapacitación, llevando a estas personas a lo que comúnmente se conocía como «muerte civil» (incapacidad para cualquier tipo de acto con relevancia jurídica). O aunque se haga una modificación parcial de la capacidad jurídica, ésta afecta a áreas donde puede haber autonomía personal, como es el caso del derecho de sufragio activo.
