Existe un tipo de reconocimiento que vale más que otros. No porque el galardón sea mayor ni porque venga de una institución más prestigiosa, sino por cómo se decide. El VII Certamen de Privacidad de APEP·IA, la Asociación Profesional Española de Privacidad e Inteligencia Artificial, falla sus premios en lectura ciega. El jurado no sabe quién ha escrito cada trabajo. No hay nombre, no hay trayectoria, no hay despacho detrás. Solo el artículo.

He obtenido el segundo premio. Y lo cuento aquí, en el blog, no para presumir sino porque la idea que está en el centro del artículo premiado nació, en parte, de mi otra vida. De ASSIDO. De las personas con discapacidad intelectual con las que convivo y trabajo desde hace años. Y me parece que eso merece una explicación.

El problema que todos conocemos, mientras miramos hacia otro lado

Cuando te registras en una web, instalas una aplicación o contratas un servicio online, aparece una pantalla. Hay un texto largo que nadie lee. Hay un botón que dice «Aceptar». Clicas. Sigues con lo que estabas haciendo.

Lo hacemos todos. Varias veces al día. Sin leer. Sin entender. Sin que en realidad nos importe demasiado, porque ya sabemos que ese documento no está escrito para que lo comprendamos. Está escrito para que la empresa cumpla la ley.

El Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, esa norma europea que entró en vigor en 2018 y que obligó a todo el mundo a actualizar sus políticas de privacidad, dice expresamente que la información debe facilitarse en «lenguaje claro y sencillo». Lo dice el artículo 12.1, con esa misma precisión. Y sin embargo, cualquiera que haya intentado leer una política de privacidad sabe que eso no es lo que ocurre.

La tesis de mi artículo es que el problema no es jurídico. Es comunicativo. No faltan normas, falla el lenguaje. Y esa distinción importa, porque cambia radicalmente el diagnóstico y las soluciones.

Por qué nadie lee lo que firma

Los documentos de privacidad tienen un problema estructural que nadie tiene demasiado interés en resolver. Quien los redacta (habitualmente el abogado de la empresa, como yo mismo cuando asesoro en materia de cumplimiento) tiene un incentivo profesional claro: que el texto sea completo y blindado frente a una posible inspección. Que resista el escrutinio de la Agencia Española de Protección de Datos. Que no deje ningún cabo suelto.

Ese objetivo produce documentos técnicamente correctos e intelectualmente inaccesibles. Y nadie en esa cadena tiene un incentivo suficiente para que sean comprensibles, porque la comprensión del usuario no es lo que se mide cuando viene una inspección.

El resultado es un sistema que cumple la ley en papel y la vacía en la práctica. Un consentimiento que se obtiene mediante el cansancio, no mediante la comprensión. Un clic que no expresa una decisión informada: expresa el deseo de que la pantalla desaparezca.

La idea que vino de otro sitio

Aquí es donde entra mi otra vida.

Soy padre de un niño con síndrome de Down y presidente de ASSIDO, la Asociación para Personas con Síndrome de Down de Murcia. Llevo años trabajando con personas con discapacidad intelectual y con sus familias. Y en ese mundo existe desde hace décadas una metodología que se llama lectura fácil: un conjunto de criterios técnicos para hacer accesibles textos complejos a personas con dificultades de comprensión lectora.

Frases cortas. Una idea por párrafo. Vocabulario cotidiano. Sin tecnicismos o, cuando son inevitables, con explicación inmediata. Y una regla que lo distingue de cualquier otro intento institucional de «escribir claro»: la validación no la hace el experto que redactó el texto. La hace el propio destinatario.

Plena Inclusión, la organización de referencia en España, tiene publicada la Constitución Española en lectura fácil. Y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si esos textos han resistido la adaptación sin perder su función esencial, la afirmación de que una política de privacidad es demasiado compleja para hacerse comprensible no es un argumento. Es una decisión de no intentarlo.

La propuesta del artículo es aplicar esa metodología, o al menos sus principios, a los documentos de consentimiento de protección de datos. No como sustitución del texto completo, sino como primera capa obligatoria: una versión comprensible para cualquier persona que explique lo esencial antes de que el usuario acepte. Lo que el RGPD lleva años exigiendo sin que nadie lo haya cumplido de verdad.

No es una idea que hubiera tenido sin ASSIDO. Sin conocer de cerca qué significa que alguien no pueda comprender un documento que le afecta directamente. Sin haber visto cómo la lectura fácil resuelve en la práctica un problema que el derecho lleva años describiendo sin resolver.

Un premio en lectura ciega no sabe nada de eso. Solo vio el artículo. Pero yo sí sé de dónde vino la idea.

Acceso al artículo “Consentir sin entender: el fracaso del lenguaje en la protección de datos y sus consecuencias para el ejercicio profesional”

Víctor Martínez López (Murcia, 1973) es un abogado vinculado a las industrias creativas y los entornos digitales con décadas de experiencia en comunicación.