Doctrina del TS sobre publicidad encubierta y emplazamiento de producto en TV

El caso «La que se avecina».

La Sala III desestima el recurso interpuesto por Mediaset contra una sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la sanción de 196.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en julio de 2019.

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Mediaset contra una sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la sanción de 196.000 euros impuesta a la citada mercantil por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en julio de 2019, por infracción grave de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, por la inclusión de publicidad comercial encubierta en una serie de televisión.

La sentencia de la Audiencia Nacional consideró que la emisión en el canal FDF del capítulo titulado «un aniversario, un peluquín y una reunión tupper-sex» de la serie «La que se avecina», los días 5 de agosto de 2018, 6 y 5 de octubre de 2018, 23 de noviembre de 2018, 11 de enero de 2019 y 4 de febrero de 2019, supuso una vulneración del artículo 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que prohíbe la publicidad comercial encubierta, por cuanto del visionado del conjunto de las imágenes tomadas en consideración se infería un claro propósito publicitario, al evidenciarse la intención de promover la adquisición por los espectadores de los artículos eróticos de una determinada marca, con riesgo de provocar error sobre la naturaleza de la presentación.

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¿Cuándo deben entregar las condiciones de contratación por escrito las compañías telefónicas?

El Tribunal Supremo establece que las compañías telefónicas deben facilitar al usuario, con carácter previo y por escrito, las condiciones generales de contratación cuando las mismas hayan sido solicitadas expresamente, aun tratándose de contrataciones realizadas de forma telefónica, y que pueden hacerlo tanto en forma papel como mediante sistemas de mensajería instantánea o correo electrónico.

Los magistrados consideran que así debe interpretarse del artículo 12 de la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas aprobada por Real Decreto 899/2009, de 12 de mayo, y de otro, de lo previsto en los artículos 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios aprobado por RDL 1/2007, de 16 de noviembre.

La sentencia estima un recurso de la Junta de Andalucía contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz, de 22 de mayo de 2019, relativa a una serie de sanciones a la compañía Vodafone. El recurso ante el Supremo se refería solo a la infracción por no entregar por escrito las condiciones generales de contratación habiendo sido solicitadas, que el TSJ andaluz revocó y el Supremo repone. El TSJ andaluz vino a aceptar la argumentación de Vodafone sobre la falta de tipicidad de la conducta al entender que la contratación a distancia no exige facilitar al cliente/usuario la información por escrito si la pide.

Protección de los usuarios

El Supremo expone que el Preámbulo del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas insiste en la necesaria protección de los usuarios finales en los procesos de alta y en el catálogo de derechos del usuario“Por ello, aun siendo notorio que hoy día se realizan múltiples contrataciones telefónicas o a distancia con remisión a páginas de internet para conocer las condiciones generales de contratación también es cierto, como sostiene la Junta de Andalucía, que existen usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas de diversas características”.

Nativos e inmigrantes digitales

Así, destaca la sentencia que “si bien los usuarios conocidos como “nativos digitales”, que han crecido con la red y el progreso tecnológico, están totalmente familiarizados con ella no acontece lo propio con los llamados “inmigrantes digitales”, es decir aquellos usuarios que han adquirido familiaridad con los sistemas digitales en su época adulta. Y como esgrime la Junta de Andalucía puede haber usuarios carentes en absoluto de habilidad o de medios para acceder a las condiciones generales publicadas de manera telemática.

Condiciones de contratación por escrito bajo petición

Por tal razón, conforme a la previsión de la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas respecto a la facilitación por escrito de las condiciones generales de contratación previa a su celebración cuando es peticionada, debe accederse a ello sin que altere la naturaleza del futuro contrato la pre-contratación a distancia o telefónica, tal cual regula, con carácter general, el apartado sexto del artículo 98 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. “Y, de no hacerlo, como aquí aconteció, puede la empresa de telecomunicaciones ser sancionada”, explica la sentencia.

En ese sentido, recuerda el Supremo que “debe tenerse en consideración que cuando la norma dice «por escrito» tanto comprende el tradicional formato papel enviado a domicilio, como los más novedosos WhatsApp o cualquier otro sistema de mensajería instantánea, SMS, o un correo electrónico. De lo que se trata es de que si el usuario final demanda un texto escrito individualizado lo reciba”.

Fuente: Poder Judicial

Consumo recuerda que los viajeros afectados por cancelaciones a causa de Filomena tienen derecho al reembolso

El Ministerio de Consumo insta a las compañías de viaje y demás operadores turísticos a flexibilizar sus opciones de cancelación y mostrar alternativas a los viajeros a causa de las consecuencias del temporal Filomena. Asimismo, el ministerio ha recordado a las compañías que los viajeros que se hayan visto afectados por cancelaciones tienen derecho al reembolso del dinero pagado por sus billetes.

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Reclamar las cantidades aportadas a una promotora en quiebra

Sabadell CAM, Bankia y Bankinter, condenadas a pagar más de 300.000 euros por la quiebra de Monte Puchol S.L.

17 familias británicas llevan viviendo un pequeño infierno legal desde que en 2001 planearon comprarse una casa en España. Monte Puchol S.L. proyectó un residencial en la Marina Alta, en Llíber y en pedanías cercanas. Sin embargo la constructora fue a la quiebra sin haber contratado el preceptivo seguro para garantizar la devolución del dinero si no entregaba las viviendas construidas. Los afectados perdieron así el dinero que habían depositado hasta entonces en la cuenta bancaria de la constructora, que, según están avalando los tribunales, se saltó la ley.

Aquí entra uno de los bufetes partner de este despacho, Legal Action Asociados, un despacho dirigido por el letrado José Antonio Martín Rodríguez con el que habitualmente colaboramos en Víctor Martínez Abogado como especialista en urbanismo. José Antonio ha encontrado la vía para que se haga justicia con estas familias: de tal forma que será el banco el que tenga que responder por las cantidades que los afectados perdieron. Y según los cálculos del bufete, el perjuicio económico superaría los tres millones.

La normativa vigente exige a la constructora la contratación de un seguro o aval bancario que garantice la devolución de las entregas de dinero en caso de que la compañía no llegase a entregar las viviendas en los plazos establecidos en el contrato. Monte Puchol S. L. no lo contrató y, por tanto, los tribunales entienden que las entidades bancarias son las últimas responsables, ya que son los bancos los que tienen la obligación de vigilar el cumplimento de la ley.

De momento Legal Action tiene ya más de siete sentencias favorables ganadas en primera instancia, más tres sentencias ya firmes donde se condena a Sabadell CAM, Bankia y a Bankinter a abonar a los afectados con cerca de 300.000 euros.

En un caso similar, José Antonio Martín ya había ganado también en Murcia a HCC Europe, a la que se le condenó en firme a devolver el dinero a cooperativistas de la urbanización Parque Príncipe en Murcia.

La noticia completa en el diario El Mundo está en este enlace.

Y en inglés en Costa-News en este otro enlace.

¿Estás en una situación similar? No dudes en contactar con Legal Action Asociados, puedes hacerlo a través del teléfono +34 667863411 o a través de esta misma página de Víctor Martínez Abogado si fuera preciso.

Pia Antello y José Antonio Martín, de Legal Action, junto a dos propietarios que han recuperado su dinero

Retraso o cancelación de vuelo en avión: ¿Qué derechos tengo?

Con el auge del turismo de larga distancia y la proliferación de vuelos de bajo coste, también se multiplican los casos de retrasos y cancelaciones que causan severas molestias y un perjuicio clarísimo al consumidor. Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre, una huelga de personal de cabina de RYANAIR en varios países dejó a un montón de pasajeros en tierra. La compañía se niega a indemnizar a los usuarios alegando causas extraordinarias, pero la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha fallado que una huelga de personal interno no tiene carácter extraordinario ni fuera del control de la empresa, como sí ocurre en caso de huelga de controladores aéreos o personal de aeropuerto.

La Unión Europea es consciente de que las denegaciones de embarque y las cancelaciones o los grandes retrasos de los vuelos ocasionan graves trastornos y molestias a los pasajeros, por un lado, y de que el número de pasajeros a los que se deniega el embarque contra su voluntad sigue siendo demasiado alto, al igual que el de los afectados por cancelaciones sin aviso previo y el de los afectados por los largos retrasos.
Por todo ello hace ya casi quince años entró en vigor el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. De paso se derogaba el anterior Reglamento (CEE) nº 295/91, que se había mostrado insuficiente.

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Sentencia ganada contra Master Distancia Formación (Master D)

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Si hace un tiempo hablamos de la sentencia ganada contra CEAC – Planeta De Agostini Formación, en esta ocasión en el ámbito del Derecho del Consumo nos han notificado recientemente la victoria en otro juicio, esta vez contra Master Distancia, S. A. (Master D).

Mi cliente contrató en 2009 un curso de preparación de oposiciones de celador en el que se le prometieron varias cosas: 1) Que el curso era totalmente presencial, con clases tutorizadas. 2) Que podría darse de baja cuando quisiera simplemente comunicándoselo a la academia.

Pues bien cuando recibió los materiales y empezó a estudiar la materia, se encontró con que las tutorías eran online (sin que los tutores aparecieran por ninguna parte ni le contestaran las consultas) y que lo único que se hacía en la academia era la cumplimentación de tests «tipo autoescuela» sin que el personal del centro supiera siquiera responderle en qué había fallado en cada prueba.

Lógicamente descontento, procedió a solicitar su baja. Momento en el cual empezaron a darle largas, que le diera otra oportunidad al curso (asistió un par de días más), que el proceso de baja era lento y burocrático pero que no se preocupara, etc. hasta que unas semanas después, ante la falta total de respuesta por parte de la empresa, mi cliente dejó de ir definitivamente y poco tiempo después dio órdenes al banco para que no abonaran más recibos girados por Master D. Leer Más

Protección de Datos y RGPD: ¿Y después del 25 de mayo qué?

El 25 de mayo de 2018 será de obligado cumplimiento el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) después de un plazo de dos años desde su entrada en vigor el 25 de mayo de 2016. Como ya hemos comentado en anteriores posts, esta nueva normativa incorpora algunas novedades importantes respecto de la forma en que se venía entendiendo la protección de datos en la LOPD: el consentimiento del usuario cobra aún mayor fuerza y tenemos que poder demostrar en todo momento que ese consentimiento existió y que por eso tratamos unos datos personales concretos. La privacidad desde el diseño, privacidad por defecto o ‘Privacy by default’ es un principio que debe regir el diseño y la concepción misma de cualquier plataforma, app o web. Otras obligaciones hasta hoy vigentes, como el registro de ficheros en la AEPD, dejan de ser exigibles, haciendo muchísimo hincapié en que podamos justificar que se tomaron todas las medidas posibles para un tratamiento seguro y correcto de los datos.
Ahora ante la inminente exigibilidad de la nueva norma, hay cierto nerviosismo por cumplirla y no crearse problemas, pero es importante que veamos el 25 de mayo como un inicio y no como un final. O al menos, como un punto y seguido. No haber conseguido adaptarnos a la normativa en esa fecha no implica tirar la toalla y esperar la multa con resignación, sino que hay que hacer un esfuerzo para, con el asesoramiento adecuado, adaptarse al cumplimiento del RGPD (sea antes, durante o algo después de su entrada en vigor definitiva).
Mi principal consejo es empezar revisando con sumo cuidado todos los textos legales, avisos y check-ins de vuestra web, así como todas aquellas cláusulas de aviso que incluís en vuestros contratos. Esto como medida digamos de urgencia para después, sin pausa, ir desarrollando el resto de medidas relativas a la protección de datos de vuestra empresa o negocio.
Si queréis podemos echaros una mano en info@victormartinezabogado.com o en el teléfono 647273610.

RGPD Protección de Datos

Desistimiento de compraventa a distancia o a domicilio: a veces es una pesadilla

Hace unos días una cliente me llamó angustiada porque había recibido la visita de unos vendedores a domicilio. Le habían vendido un lote de productos que incluía desde un descalcificador de agua hasta un portátil, compraventa que ella había contratado con financiación a plazos. En total tropecientosmil plazos de más de 100 €. Al día siguiente de la entrega había podido comprobar por sí misma cómo la mayoría de esos productos tenían un precio en el mercado muy inferior al contrato firmado. Total que se había puesto en contacto con el agente vendedor para anular la compra pero este le daba largas y le decía que no era posible, que como la compra era financiada eso ya estaba en manos de la financiera y “era como una hipoteca, que eso ya no te lo puedes quitar”.

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Sentencia ganada contra CEAC y su Cláusula ‘Garantía Total’

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La formación ofrecida por empresas como CEAC (Planeta DeAgostini Formación) está marcada por la polémica. Desgraciadamente la mayoría de los consumidores y usuarios de estos cursos, cuando entienden que los mismos son insuficientes o no cumplen sus expectativas, suelen dar orden al banco para que no pague los recibos del pago aplazado pactado con CEAC. Obrando así se convierten ellos en incumplidores del contrato, son demandados por CEAC a través de un juicio monitorio por impago, el consumidor lo impugna convirtiéndose en un procedimiento ordinario, a lo largo del cual no se consigue acreditar el incumplimiento de CEAC pero sí el del usuario, que acaba siendo condenado a pagar cuotas pendientes, costas y demás.

Hoy voy a comentar un procedimiento ganado por este despacho en favor de una consumidora en el que todo trascurrió de forma diferente:

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Juguetes conectados a Internet, niños y privacidad

Smart-Toy-BearLas alarmas saltaron en noviembre cuando el fabricante de juguetes electrónicos para niños VTech reconoció que había sufrido un hackeo en noviembre y que los hackers habían comprometido las cuentas de más de 5 millones de usuarios. Los hackers se hicieron con los nombres de usuario, contraseñas, direcciones IP, fechas de cumpleaños, nombre y el género de los niños, además de 190 gigabytes de fotos de decenas de miles de niños.

También la semana pasada, a primeros de febrero, Fisher Price reconoció una vulnerabilidad en su reciente Smart Toy, un osito inteligente que interactúa con los niños, para lo cual recaba datos de los mismos y se conecta a Internet, pudiendo ser controlado desde una app. La compañía afirmó que no había constancia de que esa vulnerabilidad hubiese sido explotada por ningún hacker y que trabajaban para subsanarla. Esto no es ciencia-ficción, ni siquiera algo del futuro: de hecho es algo del pasado, reciente pero que ya ha ocurrido. Del mismo modo que Samsung ha avisado a sus clientes para que no discutan asuntos personales delante de sus «Smart TV». La función de activación por voz en sus televisores inteligentes es capaz de capturar todas las conversaciones cercanas y las televisiones pueden compartir esa información, incluidos datos confidenciales, con Samsung,

Dado que somos conscientes de que estas vulnerabilidades y hackeos seguirán existiendo, el debate está servido: ¿merece la pena, en aras de la “experiencia de usuario”, comprometer datos personales de los que no somos dueños, sino guardianes, ya que pertenecen a nuestros hijos?

Ahí dejo la pregunta para quien quiera opinar…