Si has encontrado este artículo más adelante en el tiempo, me permito situarte un poco: escribo esto a 22 de abril de 2020, y en España, como en casi todo el mundo, llevamos desde el 16 de marzo con un confinamiento domiciliario decretado por el gobierno tras declarar el Estado de Alarma. Todo ello derivado de la pandemia mundial de Covid-19, enfermedad ocasionada por un coronavirus de reciente aparición.
Pues bien, ya llevamos unas semanas de confinamiento, y poco a poco se suceden los artículos que nos advierten de las consecuencias que este confinamiento acarreará en el futuro próximo. En lo anímico y físico se espera un aumento de los trastornos mentales, depresión, problemas quizá metabólicos por la reducción del ejercicio y una alimentación desequilibrada, etc. En lo económico se habla de una crisis mundial superior a la gran recesión de 1929 (si eres un lector del futuro ya me dirás cómo ha ido). Y en lo jurídico se prevé un incremento de juicios laborales, económicos (impagos y suspensiones), y… quizá también de familia. Y de esto último vamos a hablar.
Efectivamente desde el primer día se habla, medio en broma medio en serio, del impacto que este prolongado confinamiento puede tener en forma de rupturas de pareja. Los abogados que trabajamos en la órbita del derecho de familia sabemos por experiencia que muchas rupturas y divorcios se producen en septiembre/octubre y enero/febrero, a la vuelta de dos periodos vacacionales de estrecho contacto familiar.
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