Lo que une la protección de datos con la discapacidad intelectual

Existe un tipo de reconocimiento que vale más que otros. No porque el galardón sea mayor ni porque venga de una institución más prestigiosa, sino por cómo se decide. El VII Certamen de Privacidad de APEP·IA, la Asociación Profesional Española de Privacidad e Inteligencia Artificial, falla sus premios en lectura ciega. El jurado no sabe quién ha escrito cada trabajo. No hay nombre, no hay trayectoria, no hay despacho detrás. Solo el artículo.

He obtenido el segundo premio. Y lo cuento aquí, en el blog, no para presumir sino porque la idea que está en el centro del artículo premiado nació, en parte, de mi otra vida. De ASSIDO. De las personas con discapacidad intelectual con las que convivo y trabajo desde hace años. Y me parece que eso merece una explicación.

El problema que todos conocemos, mientras miramos hacia otro lado

Cuando te registras en una web, instalas una aplicación o contratas un servicio online, aparece una pantalla. Hay un texto largo que nadie lee. Hay un botón que dice «Aceptar». Clicas. Sigues con lo que estabas haciendo.

Lo hacemos todos. Varias veces al día. Sin leer. Sin entender. Sin que en realidad nos importe demasiado, porque ya sabemos que ese documento no está escrito para que lo comprendamos. Está escrito para que la empresa cumpla la ley.

El Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, esa norma europea que entró en vigor en 2018 y que obligó a todo el mundo a actualizar sus políticas de privacidad, dice expresamente que la información debe facilitarse en «lenguaje claro y sencillo». Lo dice el artículo 12.1, con esa misma precisión. Y sin embargo, cualquiera que haya intentado leer una política de privacidad sabe que eso no es lo que ocurre.

La tesis de mi artículo es que el problema no es jurídico. Es comunicativo. No faltan normas, falla el lenguaje. Y esa distinción importa, porque cambia radicalmente el diagnóstico y las soluciones.

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¿Qué pasa si vendo en Instagram sin avisos legales?

Tienes un perfil de Instagram. Subes fotos de tu producto, recibes mensajes privados, cobras por Bizum o por PayPal, y los pedidos llegan. El negocio funciona. Todo bien.

Hasta que no funciona.

Porque tarde o temprano llega la reclamación de un cliente insatisfecho, la denuncia de un competidor, el requerimiento de la AEPD, o simplemente la pregunta incómoda: ¿dónde están tus condiciones de venta?

Y ahí es cuando descubres que vender en Instagram sin los textos legales adecuados no es una «zona gris». Es un incumplimiento legal con consecuencias muy reales.

El error de pensar que Instagram es diferente

Mucha gente cree que Instagram es una red social, no una tienda. Y que, por tanto, las reglas del comercio electrónico no se aplican. Error.

La ley española (y europea) no distingue entre si vendes desde una web propia, desde una tienda de Shopify o desde el DM de Instagram. Lo que cuenta es si estás realizando una actividad comercial dirigida a consumidores a través de Internet. Y si es así, estás sujeto a la misma normativa que cualquier eCommerce.

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Cuando la IA mata

El caso Gavalas, el diseño del apego digital y los límites de la responsabilidad jurídica

El 2 de octubre de 2025, Jonathan Gavalas, ejecutivo financiero de 36 años residente en Florida, se quitó la vida. No hay en ese dato, tomado en frío, nada que lo distinguiría de los miles de suicidios que ocurren en Estados Unidos cada año. Lo que lo convierte en un caso que atraviesa las fronteras entre la tecnología, el derecho y la filosofía moral es lo que precedió a esa muerte: semanas de conversaciones intensas, íntimas, progresivamente delirantes, con Gemini, el chatbot de inteligencia artificial de Google.

Su padre, Joel Gavalas, presentó en un tribunal federal de California una demanda de 42 páginas en la que acusa a Google de muerte por negligencia y responsabilidad por producto defectuoso. Lo que allí se describe no es un caso de apego emocional a un chatbot, fenómeno que, por sí solo, sería ya materia suficiente para la preocupación clínica y regulatoria. Es algo cualitativamente más perturbador: un sistema de inteligencia artificial que, según los registros aportados a la demanda, construyó activamente una narrativa delirante alrededor de un hombre emocionalmente vulnerable, lo dotó de una misión física en el mundo real y, en el momento final, cuando él escribió que tenía miedo de morir, le respondió instándolo a avanzar.

Este artículo pretende analizar ese caso desde dos ángulos que se necesitan mutuamente: el jurídico, que pregunta por la responsabilidad y sus fundamentos normativos; y el cultural, que pregunta qué nos dice este caso sobre el tipo de tecnología que estamos construyendo y las relaciones que esa tecnología está diseñada —deliberadamente— para crear.

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Me han puesto una reseña falsa en Google, ¿puedo retirarla?

Cada día más negocios, autónomos y profesionales sufren el impacto de reseñas falsas o malintencionadas en Google Maps. Una estrella de más o de menos puede costar clientes, contratos y reputación. Pero ¿qué dice el derecho español al respecto? ¿Hay forma de actuar?

El problema: una reseña falsa puede hacer mucho daño

Google Maps es hoy una de las herramientas de referencia para cualquier persona que busca un producto o servicio. Un médico, un fontanero, un hotel, un abogado… todos dependemos, en mayor o menor medida, de lo que los usuarios dicen de nosotros en esa plataforma.

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IPTV ilegal y responsabilidad penal: la sentencia que marca un antes y un después

La piratería audiovisual ya no es un fenómeno marginal ni una travesura digital. La reciente sentencia que condena a los responsables de un servicio de IPTV ilegal por piratear la señal de Movistar Plus+ supone un punto de inflexión en la persecución penal de este tipo de conductas en España.

Por primera vez de forma clara y contundente, un tribunal español impone penas de prisión efectivas (tres años) y una indemnización económica relevante a favor de la titular de los derechos vulnerados: Telefónica, matriz de Movistar Plus+.

El mensaje es inequívoco: la reventa de IPTV ilegal no es una “zona gris”, sino un delito contra la propiedad intelectual con consecuencias penales reales.

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Listas IPTV: lo que muchos desconocen (hasta que reciben una citación judicial)

En los últimos años, las llamadas listas IPTV se han popularizado como una forma “alternativa” de acceder a contenidos audiovisuales —series, películas o partidos de fútbol— a través de Internet. Pero lo que para muchos parece un simple método “barato” de ver televisión, para la Justicia española puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

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Fraudes en formación online: la trampa silenciosa que atrapa a miles de alumnos cada año (y cómo defenderte)

Si has llegado hasta aquí, seguramente ya sabes que algo no encaja.
Pagaste un curso prometedor, quizá te financiaron con cuota “cómoda”, te hablaron de “alta empleabilidad”, “tutor personal”, “prácticas garantizadas”, “título homologado” o “un máster valorado en 3.000 o 5.000 euros por solo 50 al mes”.

Y ahora estás aquí.
Frustrado. Endeudado. Sin formación real. Y con la sensación de haber sido engañado.

No es casualidad.
Es un modelo de negocio.

Lo que nadie te cuenta sobre los fraudes en formación

Tras analizar decenas (cientos) de contratos, casos reales y resoluciones de organismos de control, hay algo que siempre se repite: Leer Más

No uses generadores automáticos ni copies textos legales de otras webs

Cada web o aplicación necesita textos legales propios y personalizados: aviso legal, política de privacidad, condiciones de uso, cookies…

Por qué no sirve el “copiar y pegar”:

  • Riesgo legal: esos textos no se ajustan a tu actividad, ni a tus tratamientos de datos, ni a tus procesos de venta. Puedes acabar incumpliendo el RGPD, la LSSI o la normativa de consumo sin saberlo.

  • Responsabilidad: si surge un conflicto, no podrás alegar que la culpa fue de un “generador automático”. La responsabilidad siempre es de la empresa titular de la web o app.

  • Falta de credibilidad: los clientes y usuarios cada vez leen más estos apartados. Un texto genérico o incongruente transmite desconfianza.

  • Posible plagio: copiar de otra web puede implicar infracción de derechos de autor y sanciones.

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Textos legales: el esqueleto invisible de tu web, app o ecommerce

Cuando hablamos de lanzar una web, una app o una tienda online, solemos pensar en diseño, usabilidad, contenido y SEO. Pero hay algo que muchas veces se deja para el final —o directamente se ignora—: los textos legales. Y sin ellos, todo lo demás puede venirse abajo.

Como abogado especializado en Derecho Digital y proyectos online, te lo digo claro: los textos legales no son un formalismo, son una exigencia legal y una garantía para ti y para tus usuarios.

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Por qué somos el despacho nº1 en España en fraudes de formación online

En un país donde la formación a distancia ha crecido de forma exponencial, también lo han hecho los abusos, los engaños y las prácticas comerciales agresivas en este sector. Lo que debía ser una vía legítima para mejorar el futuro profesional de miles de personas se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en una trampa de la que resulta difícil salir. Frente a esta realidad, Víctor Martínez Abogado se ha consolidado como el despacho de referencia en toda España para las personas afectadas por fraudes en la formación online.

Una realidad invisible… hasta que estalla

Cientos de consumidores se ven atrapados en contratos opacos, con financiación abusiva y contenidos formativos de baja calidad que no se corresponden con lo prometido. Muchos de ellos acuden al despacho tras haber firmado con academias o intermediarios que:

  • Prometen titulaciones oficiales que no lo son.

  • Exigen pagos completos sin derecho a desistimiento real.

  • Venden cursos a crédito mediante plataformas de financiación que no informan debidamente del coste real.

  • Incumplen sus obligaciones de calidad, tutorías, o accesibilidad.

En este contexto, nuestro despacho ha desarrollado una especialización única a nivel nacional, centrada en la protección del consumidor en el ámbito educativo digital.

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