La legislación española ha experimentado una profunda transformación con la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta reforma ha sustituido el anterior régimen de incapacitación por un sistema que prioriza la provisión de apoyos necesarios y proporcionales. Tras tres años desde su entrada en vigor, y pasado el necesario periodo de adaptación desde una regulación histórica muy consolidada, podemos hablar de madurez de una norma ya bien integrada en nuestro ordenamiento jurídico.
1. Contexto Normativo
La Ley 8/2021 constituye un cambio de paradigma en la protección jurídica de las personas con discapacidad, alineándose con los principios de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La nueva normativa establece que todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones y que se deben proporcionar los apoyos necesarios para el ejercicio de dicha capacidad.