La piratería audiovisual ya no es un fenómeno marginal ni una travesura digital. La reciente sentencia que condena a los responsables de un servicio de IPTV ilegal por piratear la señal de Movistar Plus+ supone un punto de inflexión en la persecución penal de este tipo de conductas en España.
Por primera vez de forma clara y contundente, un tribunal español impone penas de prisión efectivas (tres años) y una indemnización económica relevante a favor de la titular de los derechos vulnerados: Telefónica, matriz de Movistar Plus+.
El mensaje es inequívoco: la reventa de IPTV ilegal no es una “zona gris”, sino un delito contra la propiedad intelectual con consecuencias penales reales.
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